El periodo neo-liberal de Bolivia, abarca dos décadas, comprendidas entre
1985 y 2005, es estructural, se concentra en las medidas, normativa e
institucional que se implementa en términos de shock y ajuste estructural,
abarcando las privatizaciones y la
capitalización de las empresas públicas, comprendiendo también la Ley de
Hidrocarburos 3058, que re-define las relaciones de subordinación del Estado a
las empresas tras-nacionales.
El famoso decreto 21060 que inicia el periodo neo-liberal en Bolivia
establecía en el Título IV del Régimen de Precios y Abastecimiento,
concreta mente en el Capítulo I De los Precios y Abastecimiento, en el artículo
72 que:
A
partir de la fecha se determina que los precios de bienes y servicios en todo
el territorio de la República, se establecerán libremente.
Esto es establecer la
vigencia de las leyes del mercado, la oferta y la demanda, leyes que manejarían
como una mano invisible el mercado. Esta se convierte en el sentido del mercado
en la cabeza de los economistas clásicos, neo-clásicos y neo-liberales, obviando
lo visible, que es la conformación proliferante de los monopolios, la tendencia
intrínseca al monopolio por parte del capitalismo. Evidencia demostrada por las
investigaciones de Fernand Braudel.
Otra medida tomada por el decreto 21060 es la suspensión de las subvenciones,
como las relacionadas a las pulperas que abastecían a las familias de los
trabajadores mineros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). El decreto
también establece la re-localización de los trabajadores mineros y prácticamente
el cierre de centros mineros, en la perspectiva de su privatización. También
pone en suspenso el contrato colectivo, gran conquista social, empujando al
trabajador individual a negociar directamente con los patrones. Teniendo en
cuenta todo esto, todo el del decreto, es importante retener el artículo 72 que
institucionaliza el libre cambio.
En un documento de Análisis del Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que comprende el análisis contextual
de la Ley de Hidrocarburos 3058, promulgada en mayo de 2005, se hace un
análisis comparativo con lo que ocurría en la etapa anterior del periodo
neo-liberal, la del ajuste estructural
Las medidas de ajuste estructural aplicadas en
Bolivia desde 1985 tenían tres objetivos básicos: re-definir las relaciones
laborales, abrir la economía al comercio exterior y modificar el rol del
Estado. Según los técnicos del neo-liberalismo estas eran medidas
indispensables para terminar con la inflación, superar la crisis económica
e iniciar un nuevo ciclo de crecimiento y bienestar. Desde la aplicación del
Decreto Supremo 21060, la liberación de la economía, las modificaciones al
mundo del trabajo y la estabilidad de los indicadores
macro-económicos fueron tareas que todos los gobiernos bolivianos se empeñaron
en cumplir. Sin embargo, y pese a sus esfuerzos, hasta ese momento
quedaba como tarea pendiente reducir el papel del Estado en la economía
Debemos retener los objetivos básicos: re-definir las relaciones laborales, abrir la economía al comercio
exterior y modificar el rol del Estado, sobre todo abrir la
economía al comercio exterior; esto es a la dependencia del mercado
internacional, a la dependencia de las condicionantes del mercado exterior, de
la división del trabajo establecido por la economía-mundo capitalista.
El neo-liberalismo afianza nuestra dependencia, la consolida al renunciar
a toda otra alternativa que tenga como enfoque una estrategia en función del
mercado interno. Otra cosa que debemos retener es la forma de argumentar de los
responsables de las medidas, se dice que son indispensables para superar la
crisis económica. El costo social del ajuste y las políticas de privatización,
llamadas de capitalización, fue alto, lo que repercutió no sólo en resistencias
y protestas sino más tarde, del 2000 al 2005, en levantamientos
se mi-insurreccionares, que llevaron a la caída del régimen neo-liberal.
la liberación de la economía, las
modificaciones al mundo del trabajo y la estabilidad de los indicadores
macro-económicos fueron tareas que todos los gobiernos bolivianos se empeñaron
en cumplir. desde una perspectiva
histórica de las políticas económicas la estabilidad de los indicadores
macro-económicos fue una preocupación constante en los gobiernos, que, en el
caso del periodo neo-liberal, se convirtieron en los parámetros absolutos de la
gestión económica. En lo que respecta a la condicionante de los indicadores
macro-económicos, sobre todo en el uso que se les da para mantener el equilibrio
macro-económico, siguen siendo los criterios esenciales que definen los alcances
de las políticas económicas desplegadas. en lo que respecta a las inversiones,
sobre todo las inversiones productivas, que conllevan cierto riesgo. a la
dependencia del mercado internacional, la dependencia se ha vuelto más condicionante,
en tanto y en cuanto se persigue usar el excedente para cubrir la demanda
interna y para desarrollar la industrialización, para que genere más excedente que pueda destinarse a
cumplir con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Se ha
vuelto a convertir al mercado internacional y a la exportación en las
condicionantes esenciales del desarrollo.
la suspensión de las subvenciones y la liberación de los precios
internos respecto a los precios internacionales,. Esto al margen de si
justifique o no la subvención de los combustibles, sobre todo las complicaciones
colaterales de la compra en el exterior y la venta en el mercado interno, sino
lo que asombran son las analogías, que de alguna manera transmiten propiedades
comunes; en todo caso de lo que se trata es de encontrar salidas distintas a
las elaboradas por los neo liberales, las medidas de shock, salidas que no
descarguen el problema en la economía y en los cuerpos de los más pobres, de
encontrar soluciones que no repitan el formato neo liberal.
El análisis del CEDLA se orienta a hacer una evaluación de la condición
de las capitalizadas, separando notoriamente a yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) por las características del rubro que le compete,
los hidrocarburos. El documento de evaluación establece que lo que ocurre con
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTEL), el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y la Empresa
Nacional de Ferrocarriles (ENFE) a diferencia de YPFB es que sus rubros
trabajan bienes “no corruptibles ”, es decir bienes que solamente pueden ser
comercializados dentro de nuestra economía. Es
diferente en los hidrocarburos, son bienes “corruptibles” por excelencia,
es decir bienes inmediatamente comerciables en el mercado internacional. El petróleo es una mercancía que tiene
mercado asegurado en todo el mundo y el
gas natural se ha convertido en una de las más importantes fuentes de energía
para todos los países de la región, también lo son los derivados hidrocarburos
y aquellos productos que se pueden obtener de su industrialización.
los
objetivos de las empresas que operan en la industria y por el principio
exportador de materias primas que la división internacional del trabajo asignó
a Bolivia, la exportación de gas natural y petróleo se hacen sin tomar en
cuenta los procesos que pueden aumentar el valor de los hidrocarburos.
El análisis del CEDLA establece que prácticamente estamos condenados por
la división del trabajo internacional, la asignación de nuestro rol es ser un
país exportador de materias primas, otros van a industrializar estas materias,
incluso esto comprende a los países limítrofes de la región.
las trasnacionales, que van a querer imponer sus condiciones, mismas que van al control de las cadenas
productivas ya que controlan los
mercados, el destinos de los recursos naturales.
CEDLA concluye que se observa la
priorizan de la exportación, subordinando el desarrollo del consumo de la
población y, también, de la industrialización dentro del territorio boliviano
En lo que respecta a la Ley de Hidrocarburos 3058 en comparación con lo
que ocurría durante el ajuste estructural, se dice que:
La nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058 no
modifica esencialmente esta orientación. Todo el andamiaje jurídico mantiene a
las empresas privadas como protagonistas en la exportación .
esta norma define, dentro del régimen
económico general, fomentar la participación del sector privado (nacional o
extranjero) en la exportación del gas natural y establece que YPFB participará
en esta actividad como agregado y
cargador; es decir, como un instrumento operativo de las empresas
privadas que producen los hidrocarburos para el mercado externo.
la Ley de Hidrocarburos 3058, que se promulga en mayo del 2005, además de
contemplar el referéndum sobre los hidrocarburos, es un periodo de dominio de
las tras nacionales y de su monopolio sobre los recursos naturales del país,
sobro todo los relativos a los hidrocarburos y a la minería.
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