martes, 10 de noviembre de 2015

NEO LIBERALISMO EN BOLIVIA


El periodo neo-liberal de Bolivia, abarca dos décadas, comprendidas entre 1985 y 2005, es estructural, se concentra en las medidas, normativa e institucional que se implementa en términos de shock y ajuste estructural, abarcando  las privatizaciones y la capitalización de las empresas públicas, comprendiendo también la Ley de Hidrocarburos 3058, que re-define las relaciones de subordinación del Estado a las empresas tras-nacionales.  
El famoso decreto 21060 que inicia el periodo neo-liberal en Bolivia establecía en el Título IV del Régimen de Precios y Abastecimiento, concreta mente en el Capítulo I De los Precios y Abastecimiento, en el artículo 72 que:
A partir de la fecha se determina que los precios de bienes y servicios en todo el territorio de la República, se establecerán libremente.
Esto es establecer la vigencia de las leyes del mercado, la oferta y la demanda, leyes que manejarían como una mano invisible el mercado. Esta se convierte en el sentido del mercado en la cabeza de los economistas clásicos, neo-clásicos y neo-liberales, obviando lo visible, que es la conformación proliferante de los monopolios, la tendencia intrínseca al monopolio por parte del capitalismo. Evidencia demostrada por las investigaciones de Fernand Braudel. Otra medida tomada por el decreto 21060 es la suspensión de las subvenciones, como las relacionadas a las pulperas que abastecían a las familias de los trabajadores mineros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). El decreto también establece la re-localización de los trabajadores mineros y prácticamente el cierre de centros mineros, en la perspectiva de su privatización. También pone en suspenso el contrato colectivo, gran conquista social, empujando al trabajador individual a negociar directamente con los patrones. Teniendo en cuenta todo esto, todo el del decreto, es importante retener el artículo 72 que institucionaliza el libre cambio.
En un documento de Análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que comprende el análisis contextual de la Ley de Hidrocarburos 3058, promulgada en mayo de 2005, se hace un análisis comparativo con lo que ocurría en la etapa anterior del periodo neo-liberal, la del ajuste estructural
Las medidas de ajuste estructural aplicadas en Bolivia desde 1985 tenían tres objetivos básicos: re-definir las relaciones laborales, abrir la economía al comercio exterior y modificar el rol del Estado.  Según los técnicos del neo-liberalismo estas eran medidas indispensables para terminar con la inflación, superar la crisis económica e iniciar un nuevo ciclo de crecimiento y bienestar. Desde la aplicación del Decreto Supremo 21060, la liberación de la economía, las modificaciones al mundo del trabajo y  la estabilidad de los indicadores macro-económicos fueron tareas que todos los gobiernos bolivianos se empeñaron en cumplir.  Sin embargo, y pese a sus esfuerzos, hasta ese momento quedaba como tarea pendiente reducir el papel del Estado en la economía
Debemos retener los objetivos básicos: re-definir las relaciones laborales, abrir la economía al comercio exterior y modificar el rol del Estado, sobre todo abrir la economía al comercio exterior; esto es a la dependencia del mercado internacional, a la dependencia de las condicionantes del mercado exterior, de la división del trabajo establecido por la economía-mundo capitalista.
El neo-liberalismo afianza nuestra dependencia, la consolida al renunciar a toda otra alternativa que tenga como enfoque una estrategia en función del mercado interno. Otra cosa que debemos retener es la forma de argumentar de los responsables de las medidas, se dice que son indispensables para superar la crisis económica. El costo social del ajuste y las políticas de privatización, llamadas de capitalización, fue alto, lo que repercutió no sólo en resistencias y protestas sino más tarde, del 2000 al 2005, en levantamientos se mi-insurreccionares, que llevaron a la caída del régimen neo-liberal.
la liberación de la economía, las modificaciones al mundo del trabajo y  la estabilidad de los indicadores macro-económicos fueron tareas que todos los gobiernos bolivianos se empeñaron en cumplir.  desde una perspectiva histórica de las políticas económicas la estabilidad de los indicadores macro-económicos fue una preocupación constante en los gobiernos, que, en el caso del periodo neo-liberal, se convirtieron en los parámetros absolutos de la gestión económica. En lo que respecta a la condicionante de los indicadores macro-económicos, sobre todo en el uso que se les da para mantener el equilibrio macro-económico, siguen siendo los criterios esenciales que definen los alcances de las políticas económicas desplegadas. en lo que respecta a las inversiones, sobre todo las inversiones productivas, que conllevan cierto riesgo. a la dependencia del mercado internacional,  la dependencia se ha vuelto más condicionante, en tanto y en cuanto se persigue usar el excedente para cubrir la demanda interna y para desarrollar la industrialización, para que  genere más excedente que pueda destinarse a cumplir con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Se ha vuelto a convertir al mercado internacional y a la exportación en las condicionantes esenciales del desarrollo.
la suspensión de las subvenciones y la liberación de los precios internos respecto a los precios internacionales,. Esto al margen de si justifique o no la subvención de los combustibles, sobre todo las complicaciones colaterales de la compra en el exterior y la venta en el mercado interno, sino lo que asombran son las analogías, que de alguna manera transmiten propiedades comunes; en todo caso de lo que se trata es de encontrar salidas distintas a las elaboradas por los neo liberales, las medidas de shock, salidas que no descarguen el problema en la economía y en los cuerpos de los más pobres, de encontrar soluciones que no repitan el formato neo liberal.
El análisis del CEDLA se orienta a hacer una evaluación de la condición de las capitalizadas, separando notoriamente a yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por las características del rubro que le compete, los hidrocarburos. El documento de evaluación establece que lo que ocurre con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) a diferencia de YPFB es que sus rubros trabajan bienes “no corruptibles ”, es decir bienes que solamente pueden ser comercializados dentro de nuestra economía. Es  diferente en los hidrocarburos, son bienes “corruptibles” por excelencia, es decir bienes inmediatamente comerciables en el mercado internacional.  El petróleo es una mercancía que tiene mercado asegurado en todo el  mundo y el gas natural se ha convertido en una de las más importantes fuentes de energía para todos los países de la región, también lo son los derivados hidrocarburos y aquellos productos que se pueden obtener de su industrialización.  
 los objetivos de las empresas que operan en la industria y por el principio exportador de materias primas que la división internacional del trabajo asignó a Bolivia, la exportación de gas natural y petróleo se hacen sin tomar en cuenta los procesos que pueden aumentar el valor de los hidrocarburos.   
El análisis del CEDLA establece que prácticamente estamos condenados por la división del trabajo internacional, la asignación de nuestro rol es ser un país exportador de materias primas, otros van a industrializar estas materias, incluso esto comprende a los países limítrofes de la región.
las trasnacionales, que van a querer imponer sus condiciones,  mismas que van al control de las cadenas productivas  ya que controlan los mercados, el destinos de los recursos naturales.
 CEDLA concluye que se observa la priorizan de la exportación, subordinando el desarrollo del consumo de la población y, también, de la industrialización dentro del territorio boliviano
En lo que respecta a la Ley de Hidrocarburos 3058 en comparación con lo que ocurría durante el ajuste estructural, se dice que:
La nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058 no modifica esencialmente esta orientación. Todo el andamiaje jurídico mantiene a las empresas privadas como protagonistas en la exportación .
esta norma define, dentro del régimen económico general, fomentar la participación del sector privado (nacional o extranjero) en la exportación del gas natural y establece que YPFB participará en esta actividad como agregado  y cargador; es decir, como un instrumento  operativo de las empresas privadas que producen los hidrocarburos para el mercado externo.  
la Ley de Hidrocarburos 3058, que se promulga en mayo del 2005, además de contemplar el referéndum sobre los hidrocarburos, es un periodo de dominio de las tras nacionales y de su monopolio sobre los recursos naturales del país, sobro todo los relativos a los hidrocarburos y a la minería.


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